Polémica por la financiación del 82% móvil: Los gremios piden subir los impuestos al trabajo

Hasta Domingo Cavallo salió de entre las sombras... Según un proyecto que elaboraron la CGT y la CTA, ante la imposibilidad del Estado de afrontar el aumento del 82%, las centrales obreras proponen que los fondos resulten de un aumento a las contribuciones patronales, lo cual implicaría que vuelvan a niveles previos a 1993 antes de ser reducidos por el ex ministro de Economía. La UIA ya puso el grito en el cielo...

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Así lo anunciaron el asesor de la CGT, Hector Recalde; y el titular de la CTA, Hugo Yasky. Según Recalde, una posibilidad sería restituir los aportes patronales a los niveles previos a 1993, cuando fueron reducidos por el ex ministro Domingo Cavallo.
Yasky, añadió el diario 'El Cronista', explicó que la restitución del esquema de contribuciones aportaría al sistema de seguridad social un ingreso adicional de $20.000 millones anuales, cifra similar al costo que implicaría llevar la jubilación mínima al 82% del valor del salario mínimo, vital y móvil, según el Gobierno.
Esta alternativa provocó inquietud y alerta en el sector empresarial. Rápidamente, el titular de la UIA, Héctor Méndez, sostuvo la necesidad de buscar "una solución intermedia" porque, según remarcó, "el bienestar general está por encima de cualquier bienestar particular".
De igual forma se expresó Carlos de la Vega, presidente de la Cámara de Comercio (CAC), al tiempo que advirtió que plantear un aumento de cargas patronales constituirá "un nuevo estímulo a los que evaden y sostienen el empleo precario".
El ministro dijo ayer que solamente en Luxemburgo se cobra ese porcentaje de jubilación, y que financiar la mejora le costaría al Fisco unos $30.000 millones de pesos al año, en una imprevista rueda de prensa.
Volvió a decir que el Gobierno no tiene recursos para elevar la jubilación mínima (hoy de $895) al 82% del salario mínimo. Y tampoco para ajustar los haberes mal liquidados de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema. Estimó que ambas medidas tendrían un costo para la ANSeS de $30.000 millones anuales y provocaría un déficit equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Desde la oposición la réplica no se hizo esperar: los legisladores de los diferentes bloques ratificaron su decisión de impulsar una ley para elevar los haberes y hacer que se cumplan los fallos judiciales.
Tanto Ricardo Alfonsín como Francisco de Narváez opinaron que Boudou "exagera" sobre el costo de esta medida "para desacreditar" los proyectos opositores. Y destacaron que el proyecto respeta los fallos de la Corte Suprema.
Los datos técnicos que aportaron los dirigentes y legisladores opositores sostienen que las mejoras se pueden cubrir con el superávit corriente de la ANSeS, con los intereses del Fondo de Garantía y con el aumento de los aportes que hacen las empresas grandes al sistema jubilatorio, que fueron bajados en la presidencia de Carlos Menem.
El titular de Economía -que se mostró junto al jefe de la ANSeS, Diego Bossio- insistió que esas propuestas llevarían "nuevamente a la quiebra del sistema previsional, al déficit fiscal, al endeudamiento y, en definitiva, a la pérdida de empleos".
Por otro lado, no fue la oposición la que contradijo al ministro en cuanto a su declaración sobre las jubilaciones de Luxemburgo, sino un informe oficial de la Organización para la Cooperación y Desenvolvimiento Económico (OCDE): marca que no sólo Luxemburgo paga ese porcentaje, sino que hay varios países que se le acercan o lo superan.
Además, en algunos la jubilación mínima supera el 82% del salario mínimo, porque siguen el criterio de que el haber es mayor cuanto más bajos son los ingresos de los activos.
A la pregunta de si la presidenta Cristina Kirchner vetará una eventual ley que apruebe esos cambios jubilatorios, Boudou esquivó una definición: "Apostamos a la racionalidad de los legisladores".
Tanto Boudou como Bossio siempre presentaron como una fortaleza económica que el Fondo de Garantía acumule más de $140.000 millones. Pero ayer mostraron una cara opuesta: dijeron que el 40% de las inversiones del Fondo están en papeles que no pueden venderse de inmediato y el 60% restante "requiere entre 7 y 8 años para poder realizarlos".
Admitieron que si hoy se vendiesen esos activos, a valor actual se recibirían sólo $69.930 millones. Es decir que se perderían $74.000 millones respecto del valor nominal de esos papeles.
También repasaron la historia del sistema previsional desde los años 60: citaron el recorte del 13% de la Alianza en 2001, pero no mencionaron que desde 2002 hubo una licuación de las jubilaciones por la devaluación y la alta inflación, ni los más de 360.000 juicios pendientes.

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