Gran dilema K: Aumentar el gasto público, con la presión tributaria al máximo y con menos retenciones

Los elevados niveles de gasto público han sido una pauta para el Gobierno de los Kirchner, sobre todo, cuando se acercan elecciones. De cara a 2011, no hay otra opción: insistirán con un gasto creciente. Pero el dilema ahora es mayor, porque la presión impositiva ya es récord y la oposición avanza para bajar retenciones.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- De cara a las elecciones del próximo año y con los mercados internacionales de  crédito cerrados para el país, los Kirchner se desesperan en la búsqueda de fondos para financiar obras, fundamentales hasta la fecha para sus estrategias de campaña.
Hay un plan. Según el diario 'El Cronista', emitirán avales por $22.000 millones para hacer obras que no tienen financiamiento. Se trataría de obras de infraestructura, compra de aviones y trenes, cuyo costo trepa a los $9.240 millones, y para obtenerlos, ofrecen garantía del Banco Nación y Enarsa.
A través del decreto 949, publicado en el 'Boletín Oficial', se puso en marcha esta iniciativa que establece un programa de inversiones prioritarias contemplado en el Presupuesto de este año. Sin embargo, ese es el punto que genera polémica: se trata un paquete de obras a realizarse sólo si el Gobierno obtiene financiamiento, por lo que no fueron contempladas como gasto dentro del presupuesto de este año, aprobado por el Congreso cuando era de mayoría oficialista.
Esa jugada permitió que el presupuesto 2010 figurara con superávit, cuando en realidad debería haber mostrado déficit.
Entre las obras a financiar se encuentran $1.620 millones para centrales hidroeléctricas, como Condor Cliff–La Barrancosa, Chihuidos, Los Blancos y Punta Negra. Los dos primeros implican una obra multimillonaria en Santa Cruz, mientras que el resto se realizará en provincias que comulgan con el Gobierno, como Neuquén, Mendoza y San Juan. En la misma línea, se buscarán créditos por $200 millones para avanzar en la central de carbón de Río Turbio, también en la provincia de Néstor Kirchner. Hay US$780 millones para capitalizar a Aerolíneas Argentinas con aviones Airbus y Embraer, una operación en torno a la cual gira una investigación por supuestos sobreprecios.
Por otra parte, unos US$300 millones se destinarán a la compra de trenes a China. La intención es firmar un acuerdo por material rodante cuando la presidenta Cristina visite ese país sobre el fin de esta semana.
En tanto, la mayor parte de los avales los ofrecerán el Banco Nación, con US$2.600 millones y Enarsa, con US$2.220 millones.
La intención del Gobierno es cerrar el financiamiento de esos proyectos con organismos multilaterales de crédito. Entre ellos, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hasta el brasileño BNDES. Algunos fondos están acordados; por caso, la CAF financió una parte de los planes de ARSAT y se trabaja para que se haga cargo de una parte de la ampliación de Embalse.
Pero también está la intención de que los proveedores financien al Estado. Es lo que sucedió, por ejemplo, con Embraer.
Allegados al Ministerio de Planificación que comanda Julio de Vido, defendieron la iniciativa y sostuvieron que sólo "reglamenta lo que dice el Presupuesto".
Sin embargo, legisladores, economistas y especialistas en temas presupuestarios aseguran que es un mecanismo para gastar por fuera del Presupuesto y esquivar los controles del Congreso.
La polémica gira en torno al artículo 17 de la Ley de Presupuesto, que establece que los gastos del programa de obras prioritarias serán considerados activos financieros y serán tratados como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización.
En forma complementaria, el artículo 44 autoriza al Gobierno a pedir créditos hasta $4.500 millones más US$1.200 millones.
"Esto no figura como parte del gasto público, sino como obras a financiar abajo de la línea. En un mecanismo por el cual se abre la posibilidad de gastar sin que figure así", explicó Claudio Lozano, diputado de Proyecto Sur. "Formalmente debería pasar por el Congreso, pero no ocurrirá. Autorizamos a que se busque financiamiento, pero no dijimos que lo que se obtenga es razonable", completó.
Un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sostiene que el artículo 17 va en contra del régimen de administración financiera pública. "Una consecuencia de este procedimiento es que los gastos que se realicen en virtud de él no son computados como gasto público y, por tanto, su subestimación distorsiona el resultado financiero del ejercicio", sostiene.
Mientras tanto, los Kirchner gozan de un enorme aumento en los ingresos fiscales, que supera amplicado lo recaudado pre convertibilidad. En efecto, la presión tributaria llegó en el segundo trimestre del año al 27,5% del PBI y es récord histórico.
La consultora 'Federico Muñoz & Asociados' destacó en su último informe semanal, que el actual rango de presión tributaria es "casi 11 puntos porcentuales superior al nivel pre convertibilidad".
Hasta hace tres meses atrás, se había mantenido estable, sin embargo, esta suba en los últimos meses coincide tanto con la baja del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que analiza el Gobierno, y también en paralelo al avance de la oposición para que se aplique el 82% móvil en las jubilaciones, propuesta que desde el oficialismo rechazaron de plano porque aseguran que no existen recursos necesarios para financiarlos y generaría un desequilibrio en términos monetarios y fiscales.
"El año pasado, el furioso aumento de los ingresos al sistema de seguridad social (atribuible básicamente a la re-estatización de los aportes que antes iban a las AFJP) contrarrestó la merma de otros impuestos y evitó una caída de la presión tributaria. Pero en los últimos trimestres, mientras los aportes previsionales parecían aproximarse a un techo, han repuntado sensiblemente Ganancias e IVA para darle un nuevo impulso al ratio Recaudación/ PBI", indicó el informe de 'Federico Muñoz & Asociados'.
El crecimiento de los ingresos al fisco es el resultado de una conjunción de circunstancias: el aporte de las retenciones a las exportaciones (con cosecha récord y buenos precios internacionales), la recuperación en la actividad (que arrastra a tributos clave como IVA y Ganancias), y una mejora en el combate contra la evasión impositiva.
La recaudación fiscal, impulsada por el repunte del nivel de actividad, los anticipos de Ganancias y la inflación, registró en durante el 2do trimestre del año una marcada recuperación. Los ingresos tributarios crecieron 44% interanual en mayo (récord histórico) y lo hicieron a un ritmo del 39% en junio. Ello le permitió al Gobierno, por ejemplo, mostrar en el 5to mes del año un superávit fiscal primario y financiero por primera vez en siete meses.
La AFIP informó que la semana pasada que la recaudación de junio sumó $37.295 millones. El IVA (principal impuesto por monto) aportó $9.938 millones, con un alza del 37,1% interanual; en tanto que Ganancias trepó 46,1% anual hasta los $9.170 millones. No menos relevante fue la performance de las retenciones que escalaron 35,2% y totalizaron $4.225,3 millones. Con los datos de junio, en la primera mitad del año la recaudación total sumó $191.681 millones, una cifra que representa un crecimiento interanual del 14,6% y que excede en $24.458 millones la meta presupuestada a inicios del año por el Gobierno.
El dilema es que la oposición avanza en Diputados y en el Senado con la baja de retenciones. Básicamente se trata de US$6.500 millones (según proyecciones de la Bolsa de Cereales porteña y el Ministerio de Agricultura difundidas ayer, en esta campaña agrícola 2009/2010 se cosecharían 55.033.800 toneladas de la oleaginosa, con lo que el valor de la producción de soja argentina se ubicaría sobre los US$19.000 millones, con ingresos para el Estado en concepto de retenciones en torno de los 6.500 millones). Hoy, analizarán proyectos de todos los bloques para unificar una postura. Varios quieren eliminar los impuestos a las exportaciones de trigo, girasol y maíz. E, inclusive, atenuar los de la soja.
Los jefes de los bloques opositores en ambas cámaras se reunirse hoy entonces y avanzarán en la estrategia que llevarán adelante una vez que venza el plazo por el cual el Ejecutivo puede fijar retenciones a las exportaciones.
"El tema central en la agenda es que vence la delegación de facultades", explicó el radical Rubén Lanceta, quien oficiará de anfitrión este mediodía y recibirá a legisladores de la UCR, el PRO, el peronismo disidente, la Coalición Cívica-ARI, el socialismo y el GEN. En su bloque, sostuvo, hay intención de "no prorrogar ninguna ley y discutir y consensuar todo lo que el Ejecutivo solicite en cuanto a lo necesario para la gestión". Lanceta consideró que es posible alcanzar un acuerdo con el oficialismo que implique condiciones "aceptables" para los productores agropecuarios y que a la vez "no vengan a desfinanciar al Gobierno". "Estamos pensando que el trigo, el maíz y el girasol no debieran tener retenciones. La soja sí. No puede ser mucho menos del 35 actual. Aunque un porcentaje de ese 35 podría ser tomado como adelanto de impuesto a las ganancias", evaluó en diálogo con el matutino mencionado.
Los impuestos a las importaciones también estarán en análisis. Para ese punto, los diputados y senadores opositores analizan la posibilidad de establecer un sistema de bandas, con máximos y mínimos entre los que el Ejecutivo pueda oscilar a la hora de disponer esos tributos.
La mecánica continuaría siendo a través de Decretos de Necesidad y Urgencia que, al pasar obligadamente por la comisión bicameral de Trámite Legislativo, garantizarían el control parlamentario, que es justamente lo que el Ejecutivo busca sortear.
En ese marco, el jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, coincidió en que "el primer tema en la agenda son las facultades delegadas" que le permiten al Ejecutivo fijar las retenciones a las exportaciones y consideró que "lo razonable en todo el conjunto de esas delegadas es discutir con el oficialismo cuáles son las que hay que prorrogar y en qué condiciones" considerando que "es un tema que debería ser tratado con racionalidad por las dos partes". Inclusive, el diputado macrista agregó que su bloque, junto al peronista disidente Felipe Solá, buscará impulsar además la discusión para que avance un proyecto para reducir el IVA a los productos de la canasta básica.

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