Denuncian penalmente a la familia política de Timerman por la concesión de agua en Mendoza

Aguasur S.A., de la familia Sielecki, es uno de los accionistas de OSM, intervenida concesionaria del agua en Mendoza, y que fueron denunciados por el gobernador Celso Jaque al considerar "malo" el servicio ofrecido y acusarlos de varios delitos. La familia Sielecki se encuentra vinculada al canciller Héctor Timerman, padre de los 2 hijos de la arquitecta Anabelle Sielecki.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Gobierno mendocino confirmó que presentó 2 demandas penales contra los ex concesionarios de Obras Sanitarias Mendoza. Lo hizo tras evaluar los informes de las auditorías externas que dejaron en claro un sinnúmero de irregularidades e incumplimientos. Así, la provincia también presentó una acción de responsabilidad civil para reclamar $ 20 millones contra los ex directores privados de la empresa de agua.
La primera de ellas -ante la fiscalía de Delitos Complejos-, por administración fraudulenta, hace referencia a la voluminosa suma que cobraban los ex gerentes privados que pasaron a formar parte de la firma Aguas de Mendoza, y sin mayores justificaciones.
La segunda, penal tributaria, deriva de la primera: estos sueldos no figuraban en las actas de registro, por lo que podría haber evasión fiscal -ante la Justicia Federal-.
La confirmación fue dada por el secretario legal y técnico de la Gobernación, Fernando Simón.
En 1998 Arturo Lafalla, por entonces gobernador de Mendoza, encaró el proceso de concesiones de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) y Energía Mendoza (Emse).
En el caso de la empresa de agua y saneamiento el proceso fracasó, por el deficiente servicio que reciben desde hace tiempo los usuarios y que terminó en una intervención y reestatización sin resarcimiento.
La historia de OSM y los gobiernos mendocinos abunda en disputas y demandas cruzadas.
Unos reclamaron tarifa durante años, y otros pidieron inversiones, pago de multas, y obras.
En el medio, hay una demanda en el CIADI contra la provincia por $ 600 millones,
La empresa, luego de tortuosas relaciones tanto con los gobiernos de Roberto Iglesias y de Julio Cobos, nunca cumplió con las condiciones establecidas en la carta de entendimiento que se elaboró durante la gestión de Cobos y que quedó aprobada de manera tácita a comienzos de la gestión de Jaque.
Entre esas cuestiones vale la pena resaltar que no pagó el canon de esa carta de entendimiento y los montos que tenía que abonar por la desinversión de la empresa, de $ 1,6 millón por año.
La composición accionaria total de OSM al momento de la intervención era:
> 32,5% a cargo de la empresa francesa Saur, que tiene las acciones que habilitan la operación técnica (clase C).
> 32,5% de South Water o Aguasur S.A. (grupo Sielecki, que también suministra el servicio en las ciudades de Formosa y Santiago del Estero), controlante de la mayoría de las acciones clase A.
> 5% de Inversores Aconcagua (3,6% los mendocinos Presidente y Dalvian, y 1,4% de Ital Gas).
> 20% del Estado mendocino (acciones Clase B. Ninguna participación en el directorio a pesar de tener un buen volumen de acciones).
> 10% de ex empleados en Propiedad Participada.
El Gobierno intentó al comienzo de la Administración Celso Jaque –cuando le dio un aumento tarifario- comprar las acciones Clase C (las que tienen los franceses de Saur) para hacerse cargo de la operación, pero la oposición rechazó el proyecto.
El ex vicepresidente de OSM y hombre de la familia Sielecki en el directorio, Federico Qüerio, había manifestado su intención de asociarse al Estado ante una eventual reestatización.
El fundador de los negocios argentinos de la familia Sielecki fue Manuel, ya fallecido. Él, y su esposa Lili, tuvieron 4 hijos: Anabelle, Marcelo, Daniel y Carlos, y 11 nietos.
Anabelle Sielecki es la madre de Amanda y Jordana, las 2 hijas del canciller Héctor Timerman, y se relacionó profundamente con Mendoza porque, junto al enólogo Roberto de la Mota, produjeron vinos Mendel, premiados internacionalmente, a partir de uvas Malbec.
Volviendo a la concesión de aguas, entre las probables opciones que vislumbraba Aguasur S.A. para firmar una alianza con el Estado, el plan A es no resignar el management, reservando al Gobierno la "acción de oro" en ciertas decisiones. Y el B sería limitarse a la operación técnica (20%) con la renta resultante asegurada.
El servicio de aguas a 95.000 mendocinos que presta ese concesionario fue considerado, por una auditoría general, "malo", falto de información y de asentamiento de contratos, incumplimiento en el mantenimiento de servicio e inversiones.
Abundan las quejas por el servicio y los atrasos en la atención de reclamos por cortes y calidad del agua y el Ejecutivo mendocino, entonces, denunció penalmente a 5 directivos de los ex accionistas privados por administración fraudulenta de unos $ 20 millones cobrados a la empresa para el pago de sus salarios entre 2002 y 2008, según el diario Los Andes.
El proceso está en curso ante la Justicia provincial desde principios de mes y se sustenta, según la auditoría, en gastos que Aguas de Mendoza SA, el operador técnico (99% de Saur International, otrora controlante de la empresa) empezó a facturarle a la empresa por $ 360.000 mensuales, más de 5 veces lo que pagaba de un mes a otro.
Según lo confirmaron el subsecretario de Legal y Técnica, Fernando Simón, junto al interventor de OSM, Gonzalo Dávila, y el director del EPAS, Javier Montoro, se disparó otra denuncia por evasión impositiva en el fuero federal, además de una acción de responsabilidad social que la Provincia impulsa como accionista (aún detenta el 20%) perjudicado por el desvío de fondos a la cuenta de Aguas de Mendoza.
Los demandados como beneficiarios de "Gastos confidenciales" no debidamente justificados son los ex directores José Calderero, Alejandra Alberdi, Cristophe Peltzer, Alex Herzog, Cristophe Roqués y el también ex síndico Galluzo, además de quien fuera gerente general, Robert Wogt.
"La suma representa el 40% o más del déficit financiero de la empresa en distintos períodos. Pero hay otras acciones previstas dirigidas a los pasivos ambientales", advirtió Simón.
Pero más allá de lo que ocurra con el futuro de la empresa a partir de la recomendación de la auditoría coordinada por José Luis Puliafito (quien ponderó la calidad del servicio, el estado contable, jurídico y técnico-operativo de OSM y aconsejó que directamente "se proceda a la rescisión del contrato de concesión por culpa del concesionario"), con estas denuncias se abren las puertas hacia la reestatización.
 
Es más, este caso, sumado a $6 millones por el canon impago de 2007/08, servirá como prueba para pelear el planteo por resarcimiento que Saur mantiene contra la Provincia ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).
En la auditoría, Puliafito señaló "la alta litigiosidad generada" durante la gestión privada con juicios en contra por unos $40 millones".
Además, entre las 55 observaciones detalladas en su informe, reitera las referidas a la falta de presentación obligatoria de información y de contratos, como el de operador técnico. "De ello deriva en parte la falta de mantenimiento de los bienes y de planes de inversión", observó, en torno a unos $200 millones en total.
La calidad de la atención también aparece como una falta grave: el EPAS acredita 11.000 reclamos insatisfechos de usuarios, con demoras de hasta 15 días, que derivaron en más de 320 multas por alrededor de $ 5 millones.
A su turno, Dávila redondeó la condición de deterioro, algunas en estado crítico, de plantas y redes con un dato: 60% de colectores cloacales está en malas condiciones.
Un día después de la críticas de legisladores del Frente Cívico Federal sobre contrataciones y falta de información, el interventor salió a rechazarlos. "Sólo nombramos a un gerente general con un sueldo de $ 20.000 y en un año se contrataron 36 nuevos empleados para reforzar cuadrillas y bajar los reclamos, además del plantel de inspectores".

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