Verbitsky sobre Kirchner-Magnetto, W-Telecom Italia y Clarín-Telecom Argentina

A principios de 2010, la presidente Cristina de Kirchner había revelado las sobremesas con Héctor Magnetto en Olivos: "No menos de 10 o 12 veces" durante la gestión del presidente Kirchner, a instancias del entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La anécdota mereció una interesante reflexión de parte de Horacio Verbitsky en el diario Página/12:

Horacio Verbitsky en el diario Página/12 ingresó al apasionante universo de la disputa por el control de Telecom Argentina, en la que aparentemente nada cambiará mucho (debe aprobar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; W de Argentina le hizo llegar a los Kirchner mensajes de no será una maniobra anti-K ¿les creerán los K?):
"(...) Ni Magnetto, ni Alberto Fernández, ni los dos presidentes Kirchner explicaron qué temas se tocaban en esas comidas develadas por Cristina.
Es una lástima, porque conocerlo ayudaría a entender las cuestiones centrales de la política argentina actual. ¿Cómo se explica que el mismo sector político que en diciembre de 2007 prorrogó por diez años las licencias de radios y televisoras, llegara a la ruptura total en 2008/2009, con las referencias constantes en el discurso oficial a Magnetto y el "qué te pasa Clarín", las inspecciones impositivas a empresas del grupo y la denuncia por lavado de dinero en el lanzamiento de sus acciones en la bolsa de Londres, el Fútbol para Todos, la investigación sobre el origen de Marcela y Felipe y la ley de servicios de comunicación audiovisual?
En la Casa Rosada se afirma que Magnetto trató de convencer a Kirchner de que Cristina no podía ser candidata a la presidencia, que pidió ayuda oficial para quedarse con Telecom Argentina, que Cristina se opuso y que el Grupo se lanzó a operar para desleír su gobierno. Fuentes de la conducción del Grupo replican que fue Kirchner quien les propuso que se hicieran cargo de la filial argentina de Telecom Italia, y que Magnetto se rehusó por desconfianza en el gobierno.
Cualquiera sea la versión que se adopte, el acuerdo de Telecom Italia con el grupo Werthein certifica un resultado distinto al apetecido por Clarín.
Según La Nación, también constituiría un "traspié para Kirchner". Cuando los Werthein denunciaron a sus socios de Telecom Italia ante Defensa de la Competencia, alegando que su control por Telefonica de España tendría consecuencias en la Argentina, esos comentaristas dijeron que eran empresarios amigos del gobierno.
Lo mismo atribuyeron a los otros interesados en aprovechar el conflicto entre los dos socios (Eduardo Eurnekian, Ernesto Gutiérrez, Alfredo Román, Matías Garfunkel, el escribano Raúl Juan Pedro Moneta).
Una lectura de mercado sugiere que cuando Telecom Italia realizó a través del Banco Credit Suisse una compulsa para vender su parte en la operadora argentina, advirtió que la solución más lucrativa era hacer las paces con su viejo socio.
Ninguno de los candidatos satisfacía los requisitos y la batalla legal en varios fueros amenazaba con desangrar a ambos. El desistimiento recíproco de los juicios es atribución de las partes, pero el procedimiento abierto en Defensa de la Competencia requiere del visado oficial.
Recién la próxima semana el ente oficial recibirá los documentos del acuerdo y empezará a estudiar si la alegada cesión de derechos políticos de los italianos a favor de su socio local sanea los vicios que llevaron a la impugnación.
Lo único previsible es la interpretación mediática: si el gobierno rechaza la propuesta, será porque sigue insistiendo en colocar un amigo al frente; si la aprueba, volverá a ser considerado socio de los Werthein. El demonio contamina todo lo que toca, por definición.
Un paraíso privado
Otro coletazo del conflicto fue la denuncia por operaciones sospechosas de lavado de dinero que presentó la Unidad de Información Financiera (UIF) contra la venta del Banco Privado de Inversiones a un socio extraterritorial del Grupo Clarín, el Fondo especulativo Fintech, del paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos.
Según la fiscal de Cámara Alejandra Gils Carbó, en la colocación de las acciones del Grupo, Clarín y Fintech crearon "una burbuja financiera", mediante la oferta de "títulos sobrevaluados, engañando al mercado, sin respaldo genuino, que al poco tiempo cayeron hasta casi un 10 por ciento de su valor en perjuicio de las AFJP, merced a la actuación de operadores que cobraron gruesas comisiones para entregar los aportes de nuestros jubilados".
El presidente y principal accionista del Banco Privado de Inversiones es Alejandro Manuel Estrada, funcionario de las dos últimas dictaduras que, como secretario de Comercio de José Martínez de Hoz, dijo que al país le daba lo mismo producir acero que caramelos. En 2002 varias cuentas de su banco y las tarjetas de crédito sobre ellas se usaron para movilizar las sumas defraudadas a sus aportantes por la AFJP Siembra y la sociedad de bolsa Rabello.
Entre 2004 y 2009 intentó varios aportes irrevocables de capital por 10 millones de pesos y por 9,8 millones de dólares, que el Banco Central rechazó porque el origen de los fondos era sospechoso: la venta a Fintech de campos y propiedades que no justificaban ese valor, sin la documentación necesaria y con aparentes sobreprecios, una inversión de Fintech, otra de "Privado LP", del mexicano residente en Gran Bretaña David Martínez y su socio Julio Herrera, constituido en Delaware en el mismo domicilio que Fintech y con el mismo capital aportado al Banco Privado.
Según el Banco Central se trataba de aportes encadenados entre las mismas personas físicas bajo denominaciones distintas para hacer "circular la misma cantidad de activos entre diferentes manos".
El Banco Central había resuelto denunciar esta operación y constituirse en querellante, pero la resolución quedó demorada por presión de su ex presidente, Martín Redrado, socio de Estrada en la Fundación Invertir Argentina.
Lo mismo ocurrió con otra causa, en la que la autoridad monetaria denunció al banco de Estrada por defraudación de unos 12 millones de pesos con documentos falsificados para cobrar compensaciones por la pesificación de saldos de tarjetas de crédito, luego de la devaluación de 2002.
Entretanto, el Banco Macro, del ex alfonsinista, ex menemista y ex kirchnerista Jorge Brito, ofreció comprar el Banco Privado, con sede en la Capital, donde Brito aún no ha hecho pie firme, y del que le interesaba su cartera de casi medio millón de tarjetas de crédito en el sector más acomodado de la sociedad.
Pero bastó que la UIF denunciara las operaciones sospechosas de lavado de dinero de Estrada y Fintech, para que Brito desistiera de la operación. Alejandro Estrada es otro de los directivos de la AEA que clama por seguridad jurídica."

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