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SUBSIDIO DE $80 MILLONES

Denuncian a los Rodríguez Saá por asociación ilícita y lavado de activos

Mie, 05/06/2019 - 1:42pm
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Por Urgente24

La denuncia fue presentada por los candidatos a gobernador y vice de San Luis por Cambiemos, Claudio Poggi y Enrique Ponce. Se trata de la causa donde se investiga la entrega de un subsidio de $80 millones por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá a la Fundación Mujeres Puntanas que dirige su cuñada, Gisela Vartalitis, en septiembre de 2017, a 40 días de las elecciones.

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Los candidatos a gobernador y vice de San Luis por el Frente San Luis Unido, Claudio Poggi y Enrique Ponce, denunciaron a los hermanos Alberto y Adolfo Rodriguez Saá por asociación ilícita y lavado de activos.

Poggi y Ponce encabezaron una presentación en la causa donde se investiga la entrega de un subsidio de $80 millones por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá a la Fundación Mujeres Puntanas que dirige su cuñada, Gisela Vartalitis, en septiembre de 2017. El desembolso ocurrió a 40 días de las elecciones en las que Adolfo Rodríguez Saá encabezó la lista del Unidad Justicialista.

Los líderes de los partidos del Frente pidieron que se los considere querellantes en la causa y plantearon un nuevo caso en la Fiscalía Federal. Se trata de la entrega de $50 millones a otra fundación ligada al gobernador Rodríguez Saá.

Hicieron la denuncia porque entienden que la Fundación Sol Puntano es usada para financiar campañas electorales.

En la presentación, de la que también forman parte el titular de la UCR, Hugo “Pipo” Rossi, de Libres del Sur, Joaquín Mansilla, y del PRO, Otoniel Pérez Miranda, expusieron que las maniobras implicarían el delito de lavado de dinero y la presencia de una asociación ilícita por tener ambos aportes, la misma matriz de realización como modus operandi.

En ese contexto promovieron que se llame a prestar declaración indagatoria a los autores de las irregularidades.

Poggi y Ponce reclamaron hoy también a la secretaria Electoral Federal celeridad y la aplicación de todas las sanciones previstas por las violaciones a las leyes de Financiamiento Electoral cometidas por el Frente de los hermanos Rodríguez Saá en las elecciones del 2017.

Al momento de la solicitud tuvieron en cuenta que a los actos de clientelismo políticos, los hicieron notar en dos oportunidades los auditores de la Cámara Electoral Nacional.

Ante el Tribunal Electoral provincial expusieron la existencia de hechos tendientes a crear un clima de tensión y utilización de todo el aparato estatal en favor de la campaña por la reelección del gobernador Rodríguez Saá.

En este caso pidieron que se tomen medidas tendientes a asegurar que en la provincia puedan celebrarse “elecciones libres y democráticas”.

# "Fue un delito electoral"

Los auditores de la Cámara Electoral Nacional sostuvieron que se incurrió en “prácticas clientelares con el fin de captar votos”.

La conclusión a la que se arribó fue dada a conocer este miércoles (05/06) por Ricardo Endeiza, apoderado del Frente San Luis Unido, durante la reunión que mantuvieron el interbloque de diputados con todos los presidentes de los partidos del Frente y los candidatos a la gobernación, Poggi y Ponce, según publica el portal puntano El Chorrillero.

En el informe “queda acreditado que la agrupación incurrió en prácticas clientelares con el fin de captar votos y favorecer a los candidatos a senadores” del Frente Unidad Justicialista, expuso Endeiza, que además interviene como asesor letrado en varias causas.

De la misma manera, los auditores sostuvieron que el Frente que postuló a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá como candidato a senadores nacionales titulares y suplentes, respectivamente, “recibió indirectamente subsidios en plena campaña electoral y con ellos financió la compra de bienes e insumos para luego entregarlos a los posibles votantes”.

Endeiza transmitió a las autoridades de San Luis Unido que se siguió pidiendo información a la Legislatura, Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la Provincia y los distintos ministerios que intervinieron en el desembolso del dinero.

A su vez, el Juzgado Federal ordenó el levantamiento de secretos bancarios para obtener datos de la AFIP, UIF y del Banco Central de la República Argentina.

La compulsa por la utilización de los fondos en la campaña ha avanzado y se emitieron dos dictámenes del cuerpo de Auditores pertenecientes a la Cámara Electoral Nacional.

Poggi adelantó hoy que los partidos de la alianza opositora se sumarán a las causas para “fortalecer y avalar las presentaciones” de los legisladores.

El caso emblemático es justamente el aporte de los $80 millones que se habrían orientado inmediatamente a la compra de electrodomésticos para repartir con fines proselitistas.

“Por los carteles y la ostentación que está haciendo actualmente, siguen utilizando usando esa plata”, dijo Poggi hoy durante la conferencia de prensa en la Legislatura.

Esos fondos fueron canalizados a través del ministerio de Producción a cargo de Sergio Freixes.

El candidato a gobernador al ser consultado sobre una eventual interpelación al funcionario por las contrataciones a través del Sol Puntano, fue terminante: “Lo que le tienen que pedir a Freixes es que vaya preso. Tiene que estar preso, fue condenado y está apelado”.

El dictamen señala detalladamente cuáles son los subsidios y las personas; las violaciones en las que habrían incurrido; que los aportes se realizaron de una persona jurídica; que se excedieron las contribuciones privados y se utilizaron fondos estatales.

Fueron denunciados por la posible violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, la de deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial.

En ese momento la Ley de Financiamiento establecía que no podían gastar más de $8 millones, es decir que excedieron en un 1000% el tope para la campaña para senadores y diputados nacionales solo con los $80 millones.