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TUCUMÁN

"Valijas legislativas": Sobreseen a Manzur, Alperovich y al resto de los imputados

Vie, 05/07/2019 - 1:46pm
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Por Urgente24

El juez penal Facundo Maggio sobreseyó a los legisladores, ex legisladores y funcionarios de Tucumán denunciados en la causa conocida como las "valijas de la Legislatura", en la que se investigaba la presunta existencia de delitos relativos al uso de la partida “ayudas sociales a personas”, conocida como gastos sociales legislativos, en 2015.

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El juez penal Facundo Maggio sobreseyó a los legisladores, ex legisladores y funcionarios de Tucumán denunciados en la causa conocida como las "valijas de la Legislatura". En el expediente, abierto por una denuncia del abogado Oscar López y del radical Eudoro Aráoz, se investigaba la presunta existencia de delitos relativos al uso de la partida “ayudas sociales a personas”, conocida como gastos sociales legislativos, en 2015.

La causa se inició por una investigación periodística de La Gaceta de Tucumán, en la que se mostró cómo personal de la Legislatura retiraba valijas con dinero en efectivo desde un banco y los trasladaba a la Cámara.

En el año 2015 se detectó que valijas cargadas de dinero se dirigían desde el Banco del Tucumán hacia el recinto legislativo. El ejercicio económico de ese año en la Legislatura registró un excedente de 615 millones de pesos que habían ingresado en el ítem “gastos sociales” y que, por lo tanto, se desconoce el destino de ese dinero. Al tratarse de un año electoral, se sospechó que el dinero tuvo se utilizó con fines electorales.

Una de las hipótesis que se manejaban era que los “gastos sociales” eran en realidad ingresos que percibían los legisladores “en negro” y de modo paralelo a la dieta, única paga habilitada por la Constitución provincial. Esta línea investigativa consideraba que, al quedar registrados como subsidios, los “gastos sociales” perjudicaban al fisco nacional, ya que no formalizaban impuestos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Teniendo en cuenta que el monto de Transferencias (subsidios) en la ejecución presupuestaria del Poder Legislativo en 2015 superó los $615 millones, el alcance de esta hipótesis superaba el monto mínimo fijado en la Ley Penal Tributaria.

La causa tuvo varios vaivenes judiciales.  Y ahora el magistrado tomó la determinación sobre la base del requerimiento del fiscal Claudio Bonari, que en abril pasado había solicitado el archivo de parte de las actuaciones, la desestimación de otra fracción y el sobreseimiento de funcionarios denunciados.

En su resolución, Maggio se apoyó en los argumentos del fiscal, a los que fue citando uno por uno, según publica La Gaceta:

- Extracción de dinero de la entidad bancaria y traslado en valijas y vehículo automotor a la sede de la Legislatura: "El fiscal advierte que pese a la trascendencia mediática del hecho, dicha conducta no encuadra en tipo penal alguno, por lo que estima, no corresponde que se analice. En definitiva, el fiscal se pronuncia por la no existencia de ningún delito".

- Delitos de índole electoral: "El fiscal los descarta, por no surgir elementos, a su criterio, que ameriten requerir investigación jurisdiccional y en razón de que los hechos denunciados fueron objeto de otras causas y pronunciamientos, en especial en el juicio por las elecciones".

- Enriquecimiento ilícito: "Hace mención que son referenciales y dirigidas contra todos los legisladores y funcionarios del período 2015 sin siquiera mencionar prueba ni especificación alguna, por lo que a su criterio las denuncias no cumplen los requisitos establecidos".

- Encubrimiento a Claudio Pérez y Diego Piero, por la desaparición de la documentación sobre gastos sociales: "el fiscal sostiene que es necesario primero determinar la existencia o inexistencia del delito anterior 'defraudación a la administración pública', para recién entrar a analizar el encubrimiento dejando a salvo que al señor Pérez no se lo puede acusar por el hecho delictivo principal y al mismo tiempo por encubrimiento, por lo que requiere el archivo".

"Se estima que resulta claro que el fiscal no requiere investigación jurisdiccional sino por el contrario, desestimación de la denuncia. En estos supuestos la única posibilidad legal que tiene el juez es el dictado del sobreseimiento por cuanto no hay personas imputadas", afirmó el juez Maggio.

Así, además de desestimar las denuncias, sobreseyó a los 49 legisladores del período 2011-2015, y al entonces gobernador y vice, José Alperovich y Juan Manzur, respectivamente; al ministro de Economía, Jorge Jiménez; al secretario del área, Rolando Steimberg; al entonces secretario de la Cámara, Juan Antonio Ruiz Olivares; y a los funcionarios legislativos Pérez y Piero.

# La causa

La operación se dio a conocer en noviembre de 2015 por una investigación periodística del diario La Gaceta. Según informes bancarios, los $190 millones habían sido extraídos de un banco tucumano en los meses de junio, julio y agosto. Ese dinero corresponde a un fondo de la Legislatura que dispone de un presupuesto de $505,6 millones y que se destina a "ayudas sociales de personas". Al mes de septiembre, se utilizaron de esa "caja" una cifra de 490 millones de pesos.

La maniobra generó fuertes sospechas en la oposición de Tucumán. Eran fondos de los que se desconocía su destino y estaban bajo el poder discrecional de las autoridades del Poder Legislativo. Además, los movimientos bancarios coincidieron con los meses de campaña para las elecciones primarias y los comicios provinciales.

En base a la información periodística recabada, el ex candidato a legislador Oscar López pidió ante la Justicia que se abra una investigación contra el ex presidente de la Legislatura tucumana y actual gobernador por la falta de transparencia de la operación y el presunto manejo irregular del erario público.

El diputado radical y ex candidato a gobernador por Acuerdo para el Bicientenario, José Cano cuestionó el "crecimiento desmedido" del presupuesto de la Legislatura y calificó el gasto parlamentario como un "agujero negro". "Es evidente que utilizaron fondos millonarios para sostener la estructura clientelar y fraudulenta de las elecciones de agosto", afirmó entonces.

"Las valijas con dinero que van y vienen sin control confirman un manejo irregular de fondos públicos que afecta a todos los tucumanos. Hay dinero, el problema es que se va por la alcantarilla de la corrupción", agregó.

La denuncia de López, sin embargo, encontró un primer revés judicial. El fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila dictaminó que trasladar efectivo en valijas, aunque sean millones de pesos de las arcas del Estado, no es delito.

No conforme con la resolución, López ratificó su presentación y la amplió, al solicitar mayores detalles sobre el destino que se le dio al dinero, entre ellos cada uno de los cheques retirados de la Legislatura de enero a octubre, "la fecha en que se cobraron, cómo fueron distribuidos, cuánto le correspondía a cada legislador y cómo es el control interno para estos movimientos".

"Hay varios puntos que están claros: una distribución no bancarizada de millones de pesos; el reparto del dinero a cambio de la firma en un simple recibo; la habilitación a autoridades de la Cámara y legisladores para gastar esos recursos en lo que ellos quieran; y el destino que se les da a esos fondos, que no van para 'ayudas sociales', sino que lo vuelcan en sí mismos, sobre todo", resumió el ex candidato a legislador.

"Evidentemente, el tema de las valijas es la demostración de la obscenidad con la que se maneja el patrimonio público; pero esa no es la cuestión principal, como lo plantea el fiscal, sino el saqueo de $490 millones del erario", concluyó.

La causa tuvo muchos vaivenes judiciales, hasta que ahora finalmente la denuncia fue desestimada.