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YPF

La lista de Burford: el Gobierno argumenta vinculaciones con la corrupción local para mudar el caso

Vie, 05/07/2019 - 12:10pm
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Por Urgente24

Los abogados que representan a la Argentina pedirán a Loretta Preska que se aplique el "Discovery Process", lo que mostraría supuestas vinculaciones de la nacionalización con causas locales de corrupción. Será el jueves 11 de julio en la primera audiencia del caso, luego del fallo negativo de la Corte Suprema de USA, donde se rechazó el primer planteo de la Argentina de mudar el caso al país.

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El Gobierno de Mauricio Macri decidió cruzar el juicio que los fondos Burford y Eton mantienen contra Argentina en los tribunales de Loretta Preska en USA por la reestatización de YPF, con las causas de corrupción que se investigan en el país.

Por ese camino, reclamaría a la jueza que la causa debe continuar en Buenos Aires y abandonar ese tribunal. Algo que por ahora, no han logrado.

Según publica 'Ambito Financiero' esta mañana, la intención oficial es que Preska conozca la situación del ex ministro de Infraestructura, Julio de Vido, uno de los dos responsables directos de la operación de la petrolera en 2012, y su potencial responsabilidad en el caso por el cual el país deberá pagar hasta US$3.000 millones si es encontrada culpable. Y como el exfuncionario no puede salir del país, sólo podría declarar en Buenos Aires. 

El argumento para convencer a la jueza, es que el testimonio de De Vido podría hacer caer la demanda del fondo Burford, sobre el que se basa la causa. 

El planteo de los abogados del estudio Cravath, Swaine & Moore (CS&M) que representan al país, incluyó este razonamiento como el contenido más importante del reclamo de 'Discovery', en el texto que a mediados de esta semana fue enviado a Preska.

Ahora la jueza tendrá hasta el jueves 11 de julio para leer y analizar el documento, para ese día escuchar directamente las explicaciones de la acusación y la defensa en la primera audiencia sobre la causa a la que llamó Preska luego del fallo de junio de la Corte Suprema de USA, donde se rechazó el primer planteo de la Argentina de mudar el caso al país.

En la línea del Discovery, la intención también es que tengan que declarar el exministro de Economía Axel Kicillof (principal ejecutor de la reestatización de la petrolera) y el resto de los funcionarios nacionales y directores de la compañía que intervinieron en ese proceso.

Sin embargo, las posibilidades de que se dé el cambio de juzgado bajo estos argumentos es complicada. 

Existen 2 dudas, según relata el matutino mencionado:

- en primer lugar, que Preska puede cuestionar porque estas pruebas no fueron presentadas antes. Además puede requerir esas pruebas las que, por lo que se conoce en Buenos Aires, no habrían sido obtenidas aún y estarían en el terreno de las sospechas. No hay causas abiertas, y menos avanzadas que investiguen lo que argumenta el país, sobre que la operación de compra de Petersen del 25% del paquete accionario de YPF fue irregular.

- Luego, que la causa está siendo iniciada por el fondo de inversión Burford Capital, que compró el caso en los tribunales españoles meses después de haberse presentado Petersen Energía y Petersen Energía Inversora en quiebra ante los jueces comerciales de Madrid, luego de la reestatización de la petrolera, y cuando la gestión que encabezó Kicillof prohibió distribuir dividendos. Lo que figura en la quiebra en Madrid es que para pagar su ingreso a la petrolera, el Grupo Petersen requería de los dólares de los dividendos para cumplir su plan de liquidaciones; lo que quedó trunco con la manera de ejecutar la reestatización; con lo que lo que figura en la letra de la causa en España es que Burford compró una quiebra directamente a la Justicia de ese país, y no a un privado. En todo caso, los abogados de CS&M tendrán que demostrar vínculos entre Burford Capital y Petersen, lo que parecería difícil.

Para esto, los profesionales norteamericanos podrían recurrir a otro mecanismo, también vinculado al 'Discovery Process', en el caso de que este sea aprobado por Preska. La magistrada podría decidir la apertura de los accionistas totales que litigan contra el país, antes de pagar o de rechazar la liquidación que reclaman los demandantes, y que podría llegar a los US$3.000 millones. 

Si Preska habilitara el reclamo, se podrían conocer quiénes son, con nombre y apellido, los litigantes contra el país asociados con el fondo Burford que comanda las acciones legales. Y, según las argumentaciones de los abogados de CS&M, podría haber luz sobre la manera en que se realizó la operación de venta del 25% de YPF.

En ese listado es que podrían aparecer nombres sorpresivos e incluir además, apostadores locales en contra del país, en una inversión con potencial de ganancia millonaria y cuya suerte dependería de lo que resuelva Preska.