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FISCAL TAIANO

Peajes: imputan a Guillermo Dietrich y Javier Iguacel en una nueva causa

Mie, 11/09/2019 - 9:38pm
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Por Urgente24

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. Sorpresa: entre las empresas beneficiadas se encuentra la del "primo Angelo".

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Tras el resultado de las PASO, quedó claro que Cambiemos deberá abandonar el poder el próximo diciembre. Y mientras los funcionarios se despiden de sus cargos y la transición toma lugar, la Justicia parece activarse. La causa del Correo es especialmente complicada para la familia Macri, pero hay otros negociados dentro de Cambiemos.

Ahora, los imputados son Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, y Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional. La denuncia original fue presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. El gremio demandó penalmente a Dietrich y a Iguacel por la prórroga irregular de la concesión de un total de siete corredores viales. Se trata de rutas nacionales en las que los contratos fueron extendidos por una resolución y sin llamado a licitación (como está previsto en la ley). 

La presentación es impulsada por el fiscal Eduardo Taiano y recayó en el juzgado de Sebastián Casanello

Según publicó Página/12, la presentación y el dictamen de la fiscalía indican que "sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado habilitó a varias empresas --entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente-- a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido".

Los crímenes que se imputan a los miembros (o ex miembros) del Gobierno son el de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. La fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017.

Según lo marca el decreto 1288 de 2016, en ese momento se tendría que haber llamado a una nueva licitación. Sin embargo, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, emitió una resolución (la 811/17). Así fue que se prolongaron los plazos. "Supuestamente, esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar", explican desde el mencionado medio.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, firmó la presentación que ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, y dice: “Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados”. La hipótesis es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

Además, la dirigente gremial declaró como testigo y ratificó la denuncia presentada. Según lo publicó el medio, ella "explicó que después de la cuestionada resolución de Vialidad Nacional se firmó el famoso decreto del PEN que habilitó los contratos de Participación Público Privada (PPP). Sin embargo, ese decreto nada especificó respecto de las concesiones de las rutas nacionales, por lo que las empresas siguieron con el negocio sin volver a compulsar. Mientras tanto, continuaron cobrando peaje a los usuarios y recibiendo dinero por el mantenimiento de obras o por los nuevos trabajos en los diferentes corredores". “El Estado terminó haciéndose cargo de la financiación de las obras que debían estar financiadas por las empresas privadas”, dijo Aleña.

"Por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”, dice la denuncia, “Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los 30 mil millones de pesos (según surge de los sistemas de la propia Vialidad) más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.

La Dirección Nacional de Vialidad es la encargada de los 40.000 km de rutas que hay en la Argentina. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Durante el Gobierno de Macri, este organismo fue puesto bajo la órbita de Vialidad. 

Esta denuncia hace referencia a los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08. 

> El Corredor Vial 01 está en manos de Concesionaria Vial SA, integrada por las empresas CPC SA y Benito Roggio SA, que opera las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 22 y 51. 

> El Corredor 2 es de Corredor de Integración Pampeana, integrada por las empresas Esuco SA y Decavial SA, de las rutas nacionales 5 y 188. 

> El Corredor 3 pertenece a Autovía Buenos Aires a los Andes SA, integrada por las empresas Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA de las Rutas 7, 34 y 9. 

> Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, opera el Corredor 4, correspondiente a las rutas 19, 38, 34 y 18. 

> El Corredor Vial 5 es de Cincovial SA, integrada por la firma ex Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En la actualidad es Sacde SA y opera las rutas nacionales 11, A-009, 9 AU, AU Rosario-Córdoba, A-012 y 193. 

> El Corredor 6 está concesionado a Caminos del Paraná SA, propiedad de la Corporación América, de las rutas nacionales 12 y 16. 

> El Corredor Vial 8, a cargo de Corredor Central SA, integrada por Supercemento SA, Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA, de las rutas 8, 33, 36 y A-005.

Según Página/12, hay algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano que están "en marcha". "Los denunciantes propusieron, entre otras cosas, el secuestro de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas. En este sentido, no se descartan novedades la semana que viene".

La otra causa

Esta no es la única causa en la que se investigan negocios corruptos sobre los peajes: hay una investigación abierta por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, cuyos contratos también fueron prorrogados sin una nueva licitación.

En este caso, el fiscal Carlos Stornelli decidió abrir una investigación que abarca a Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y los directivos de la empresa Autopistas del Sol. La sospecha es por el acuerdo a raíz del cual la empresa tuvo la autorización del Gobierno para aumentar sus tarifas, y a raíz que la firma tendría vínculos con la familia Macri. 

En esa investigación trabaja el juez Rodolfo Canicoba Corral, que debe determinar si el Grupo Socma (Sociedad Macri) se benefició con los aumentos de tarifas y la venta de las acciones que tenía en Ausol SA. Esta última empresa cobró US$ 500 millones a cambio de levantar una demanda ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) contra el Estado.