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“INCONSTITUCIONAL”

Un amparo obligaría a Macri a llamar a elecciones de diputados del Parlasur

Lun, 13/05/2019 - 1:55pm
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Por Urgente24

La semana pasada, el Gobierno nacional presentó el cronograma electoral para este año mediante un decreto donde suspendió las elecciones de los 43 parlamentarios del Mercosur. Ante esta decisión, el apoderado del Partido El Movimiento, presentó una acción de amparo donde denuncia que “el accionar inconstitucional que representa la suspensión por decreto de la elección directa de los Parlamentarios del Mercosur, bajo el análisis de las normas vigentes, es incontestable”. Y argumenta que el Poder Ejecutivo Nacional “vulneró todos los principios constitucionales al arrogarse la facultad de legislar mediante Decreto en materia electoral, desconociendo las disposiciones vigentes tanto del Mercosur como de nuestra Constitución Nacional”.

Contenido

La semana pasada, mediante el decreto 343 el presidente Mauricio Macri presentó el cronograma electoral para este año y dejó afuera la elección directa de los parlamentarios del Mercosur contrariamente a lo que dispone el artículo 53 del Código Electoral Nacional.

La decisión del primer mandatario va en sintonía con la resolución que tomaron los países miembros del Mercosur de suspender la elección de sus diputados.

Si bien se esperaba una denuncia de inconstitucionalidad de este decreto como la presentada por el partido El Movimiento, ya que atenta contra la ley electoral, el politólogo Andy Tow citado por el diario Página/12 explicó que es probable que el Gobierno argumente que todo lo que tiene que ver con las cuestiones referentes a las relaciones exteriores las define el Presidente, además de tratarse de una decisión acordada en el bloque regional.

Por lo pronto, Carlos Tórtora, apoderado de El Movimiento, presentó una acción de amparo contra el decreto de Macri a fin de obligarlo a convocar a elecciones de diputados el Parlasur.

A continuación el texto completo de la presentación judicial:

PROMUEVE ACCION DE AMPARO. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. HACE RESERVA DE CASO FEDERAL.

Señora Jueza Federal Electoral:

Carlos Alfredo Tórtora, argentino, abogado Tº 55 Fº 827 CPACF, en mi condición de Apoderado del Partido El Movimiento, con personería jurídico-legal en Capital Federal, ante V.S. me presento respetuosamente y digo:

I. PERSONERÍA

II. OBJETO

Vengo por la presente a promover ACCION DE AMPARO contra el Estado Nacional – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, con domicilio legal en Avenida Leandro N. Alem 168 piso 2º oficina 215, CABA (Zona de Notificación 140), en razón de la emisión del Decreto 343/2019 mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la convocatoria a elecciones nacionales, suspendiendo en forma inconstitucional mediante el precitado instrumento la debida y legal convocatoria a elecciones directas de los 43 (cuarenta y tres) Parlamentarios del Mercosur oportunamente prevista y reglamentada por medio de la Ley 27.120. Por los hechos de hecho y de derecho que a continuación se expondrán, solicito la revocación parcial del Decreto 343/2019 en lo ateniente a la suspensión de la elección de los Parlamentarios del Mercosur, por ser la misma manifiestamente inconstitucional y por vulnerar los derechos políticos de la ciudadanía.-

III. HECHOS

III.a) DECRETO DE CONVOCATORIA A ELECCIONES

El 9 de mayo del corriente, el PEN a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, resolvió en el Expediente Nº EX-2019-21889299-APN-DNRP#M la convocatoria a las elecciones nacionales, la cual plasmó finalmente a través del Decreto 343/2019 que fue publicado en el Boletín Oficial el día 10 de mayo del corriente, conforme consta en el portal oficial de dicho organismo (https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/207294/20190510).

En el mencionado Decreto, el PEN considera: “Que el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL establece que las Elecciones Nacionales tendrán lugar el cuarto domingo de octubre inmediato anterior a la finalización de los mandatos.

“Que en el presente año finalizan los mandatos del señor PRESIDENTE DE LA NACIÓN  y de la señora VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN, de CUARENTA Y TRES (43) PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR, de CIENTO TREINTA (130) miembros de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN y de los SENADORES por la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y por las Provincias de CHACO, ENTRE RÍOS, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

“Que en cumplimiento de dichos preceptos legales, en el año en curso las respectivas elecciones deben llevarse acabo el 11 de agosto y el 27 de octubre, respectivamente. Que asimismo, es oportuno fijar la fecha de la eventual segunda vuelta electoral en los términos del artículo 96 dela CONSTITUCIÓN NACIONAL, para el 24 de noviembre de 2019”.

No obstante lo antedicho, intempestivamente el PEN señala seguidamente: “Que sin perjuicio de que finaliza el mandato de CUARENTA Y TRES (43) PARLAMENTARIOS del MERCORSUR, en virtud de la DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR, firmada el 16 de abril de 2019 por la REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA DEL PARAGUAY y la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, que suspende la aplicación de las disposiciones del PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR, en lo relativo a la elección directa de los Parlamentarios, no corresponde convocar al electorado de la Nación para votaren dicha categoría”.

 III.b) ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DEL MERCOSUR VIGENTE

El PEN pretende esgrimir como argumento de base para fundamentar la suspensión de la convocatoria a la elección directa de los Parlamentarios del Mercosur la aplicación de la denominada “Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del Parlamento del Mercosur”, firmada por los cancilleres de los Estados integrantes del organismo regional en fecha 16 de abril del corriente, a través de la cual se pretendería suspender las disposición del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. Aquí cabe analizar si mediante la simple declaración de los cancilleres se puede modificar ipso facto la normativa del Mercosur, y a la luz de la normativa vigente, la respuesta es un contundente NO.

Como V.S. en su alta inteligencia bien sabe, rige en el Mercosur el “Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Internacional del Mercosur”, mejor conocido como Protocolo de Ouro Preto, el cual fue suscripto por nuestro país e incorporado a nuestra legislación el día 20 de septiembre de 1995 mediante la Ley 24.560 (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28253/norma.htm).

La norma prevé en su artículo 40 un mecanismo muy claro acerca de cómo se incorporan y aplican en cada uno de los Estados miembros las normas emanadas por el los organismos del ente regional. Concretamente, el artículo expone lo siguiente: “Con la finalidad de garantizar la vigencia simultánea en los Estados Partes de las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el Artículo 2 de este Protocolo, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

i) Una vez aprobada la norma, los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional y comunicarán las mismas a la Secretaría Administrativa del Mercosur;

ii) Cuando todos los Estados Partes hubieren informado la incorporación a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, la Secretaría Administrativa del Mercosur comunicará el hecho a cada Estado Parte;

iii) Las normas entrarán en vigor simultáneamente en los Estados Partes 30 días después de la fecha de comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa del Mercosur, en los términos del literal anterior. Con ese objetivo, los Estados Partes, dentro del plazo mencionado, darán publicidad del inicio de la vigencia de las referidas normas, por intermedio de sus respectivos diarios oficiales”.

En Argentina, la elección de los Parlamentarios del Mercosur se encuentra normada por la Ley 27.120, sancionada por el Congreso de la Nación el 29 de diciembre de 2014 y promulgada por el PEN el 6 de enero de 2015 (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/240491/norma.htm), en donde se dispone la modificación del Código Nacional Electoral. En el artículo 1, dispone: “Modifícase el artículo 53 del Código Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales y de parlamentarios del Mercosur será hecha por el Poder Ejecutivo nacional.

“La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148.

La elección de parlamentarios del Mercosur se realizará el Día del Mercosur Ciudadano”.

En lo citado ut-supra, se hace mención al Día del Mercosur Ciudadano. Debemos observar que dicho día aún no ha sido instituído por el Mercosur. Al respecto, es dable hacer mención a la Resolución emitida por la Secretaría Parlamentaria del organismo fechada el día 12 de agosto de 2016, mediante la cual se realizó una recomendación al Consejo del Mercado Común para que dicha efeméride político-electoral sea sancionada, lo cual aún no sucede. Mientras tanto, siguen vigentes las normas internas que cada Estado miembro dispuso oportunamente para esa elección. (https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/12197/1/rec-09-2016.pdf).

Así las cosas, nos encontramos con el siguiente cuadro de situación: el Mercosur está normativamente estructurado por medio del Protocolo de Ouro Preto, el cual a su vez fue incorporado a nuestra legislación a través de la Ley 24.560. Dicha norma precepta en su artículo 40 que cualquier modificación de carácter legal que se intente practicar en todo lo relativo al organismo regional, debe ser ejecutada incorporándolas a sus ordenamientos jurídicos internos. Para que dicha incorporación sea procedente, es claro que deberán respetarse las reglamentaciones de cada Estado. Asimismo, observamos que la elección directa de Parlamentarios del Mercosur se encuentra prevista en otra norma, la Ley 27.120, que dispone la elección directa cuando venzan los mandatos de los parlamentarios. El PEN reconoce expresamente en el texto de la convocatoria aquí impugnada parcialmente que los mandatos de los 43 parlamentarios en uso de sus funciones se vencen este año, pero lejos de obedecer las normas precitadas, decide suspender la elección directa mediante el Decreto 343/2019.

¿Está facultado el Presidente de la Nación para legislar en materia electoral mediante Decretos y desconocer las normas regionales y nacionales vigentes? El siguiente punto nos brindará una respuesta cabal tanto desde el punto de vista constitucional como desde la jurisprudencia aplicable más reciente.

III.c) INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL DECRETO 343/2019 EN LO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR

Como seguidamente se expondrá, el Decreto 343/2019 es parcial y manifiestamente inconstitucional al disponer la suspensión directa de los Parlamentarios del Mercosur, puesto que incurre en: a) Violación flagrante del régimen constitucional vigente en materia de elaboración y sanción de la ley; b) Violación de los principios de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad; c) violación inocultable de la regla republicana de división de poderes y del principio de corrección funcional que emana de aquella; d) Violación inaceptable de la democracia y del principio de soberanía popular.

El artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 3, ordena taxativamente: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

“Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.

El inciso 2 del precitado artículo es contundente cuando indica que el PEN “…Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.

Nuestra Carta Magna es clara: ni aún en circunstancias excepcionales el PEN puede emitir decretos que regulen materia electoral, y no puede alterar el espíritu de las leyes vigentes con excepciones reglamentarias.

El artículo 75 de la Constitución Nacional, en referencia a las atribuciones del Congreso de la Nación, dispone en su inciso 22 que corresponde al Poder Legislativo Nacional “…Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. Nuevamente, la Carta Magna nos ilumina: cualquier tratado concluído con otras naciones u organismos internacionales debe ser aprobado por el Congreso Nacional.

La Constitución Nacional, en su Artículo 77, establece: “Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras”.

El Poder Ejecutivo Nacional entonces se ha atribuído facultades extraordinarias que repugnan a los principios constitucionales. Intenta, mediante Decreto, ordenar en materia electoral modificando el Código Nacional Electoral, y para ello se funda en un acuerdo regional que no ha sido debidamente refrendado por el Congreso Nacional al tiempo que desconoce flagrantemente todas las normas que sí están vigentes tanto a nivel Mercosur como a nivel interno en cuanto a la elección directa de los Parlamentarios del Mercosur.

Hace pocos días atrás, V.S. tuvo que abocarse a resolver un litigio de similar tenor en la Causa CNE 1081/2019 caratulada “CAMAÑO GRACIELA Y OTROS S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD C/ PODER EJECUTIVO NACIONAL – DECRETOS 45, 54 Y 55 DEL 2019”. Allí estableció una jurisprudencia que inobjetablemente se aplica al presente caso, cuando juzgó que: “…si se admitiera que mediante una disposición reglamentaria se pueden modificar leyes electorales, (la Ley 24.007 quedó incorporara al Código Electoral Nacional de acuerdo a lo establecido en su art. 4), se estaría convalidando una situación que contraría expresamente las disposiciones de los arts. 76 y 77 de la Constitución Nacional y que se encuentra prevista en el art. 99 de la Carta Magna, que establece: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo….”.-

“Por ello, no resulta admisible permitir una intromisión por vía reglamentaria de una competencia exclusiva asignada por el constituyente al Poder Legislativo de la Nación, más aun cuando la propia Constitución Nacional expresa que “…Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras…”.

Más adelante, en el precitado fallo, V.S. advierte: “Cuando el decreto reglamentario introduce cuestiones esenciales no previstas en la norma, altera las disposiciones de la misma y tergiversa su espíritu, configurando el caso de exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias”.

El recordado jurista Germán Bidart Campos no deja dudas respecto a los necesarios límites que debe respetar el PEN al momento de intentar legislar mediante decreto, cuando explica: “…el exceso reglamentario transgresor de la ley que se reglamenta es siempre inconstitucional. Tal infracción a la constitución consumada respecto del art. 99 inc. 2°, no admite distinción según la naturaleza federal o común de la ley reglamentada … La facultad reglamentaria de que dispone el poder ejecutivo respecto a las leyes no presta fundamento para: a) modificar o derogar leyes, ni siquiera so pretexto de necesidad y urgencia…” (Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Tomo III, Ediar, 1997).

El accionar inconstitucional que representa la suspensión por decreto de la elección directa de los Parlamentarios del Mercosur, bajo el análisis de las normas vigentes, es incontestable. El PEN vulneró todos los principios constitucionales al arrogarse la facultad de legislar mediante Decreto en materia electoral, desconociendo las disposiciones vigentes tanto del Mercosur como de nuestra Constitución Nacional.

III.d) VULNERACIÓN DE LA SOBERANÍA POPULAR Y DE LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS EN EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Aún con todo esto expuesto, debemos analizar un punto más aún, que es el siguiente: ¿cuál es el bien jurídico que se busca tutelar y proteger mediante esta acción de amparo? En primer término, el PEN cercena uno de los derechos más importantes y fundamentales de cualquier sociedad democrática: el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a elegir a nuestros representantes, en síntesis: ataca ni más ni menos que la soberanía popular. El Decreto 343/2019, al disponer la suspensión de la elección directa de los Parlamentarios del Mercosur, cuyos mandatos vencen este año, subrepticiamente pretenden introducir un oscuro mecanismo a través del cual los representantes de nuestro país por ante dicho organismo surjan de inconfesables acuerdos políticos que se tejan en algún despacho público. Lejos de impulsar la democracia, el PEN consagra el desconocimiento de la voluntad del soberano, es decir, del Pueblo.

Asimismo, el PEN mediante su Decreto conculca el derecho adquirido de las Provincias de nuestra República a elegir a un diputado propio que la represente en el Parlamento del Mercosur. Ni el Decreto 343/2019 ni la “Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del Parlamento del Mercosur” exponen de forma clara cómo se respetaría dicha representatividad. Por supuesto, esto sucede en tanto y en cuanto el PEN decidió desconocer la Constitución Nacional e ignorar al Congreso de la Nación.

También afecta el Decreto 343/2019 al propio funcionamiento del Parlamento del Mercosur. Sobre este punto, es altamente importante subrayar la Recomendación aprobada por el Parlamento del Mercosur el día 29 de abril del corriente (https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/16585/1/rec.05-2019.pdf), en la cual advierte que cualquier decisión que altere el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur también debe ser puesta a consideración al cuerpo del propio Parlamento, lo cual tampoco ocurrió en este caso.

III.e) LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La legitimación activa de los Partidos Políticos para promover una acción de amparo como la presente está fundada en lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Nacional, que observa que: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

“Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas”.

En la ya citada Causa CNE Nº 1081/2019, V.S. ha resuelto favorablemente sobre la legitimidad activa de los Partidos Políticos y sostuvo: “…las normas aquí atacadas establecen regulaciones que atañen específicamente a la actuación de los partidos políticos y al ejercicio de la función mas esencial que les compete y para la que han sido creados, es decir, la postulación de candidatos a cargos públicos electivos de autoridades nacionales”.

“…el encuadre jurídico de todo el ordenamiento del derecho electoral determina que el sujeto protagónico y el bien jurídico protegido por la legislación específica es el partido político, como órgano de derecho público no estatal del pueblo…”, Fallo CNE 2525/99.”

IV. MEDIDA CAUTELAR

Solicito se ordene al Estado Nacional – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas que incorpore en forma inmediata mediante Decreto la convocatoria a la elección directa de Parlamentarios del Mercosur conforme lo previsto en el Código Nacional Electoral. Mantener la situación actual vulnera derechos y garantías de rango constitucional y afecta en forma irreparable a la soberanía popular.

La tutela cautelar solicitada busca “impedir que la pretensión principal, por efecto del transcurso del tiempo, carezca de eficacia al momento de dictarse un pronunciamiento definitivo en la causa” (“Toricelli, Alberto O. c/ Estado Nacional s/ Amparo”, Juzgado Federal Nº 1 de Rosario).

Los presupuesto requeridos para tal medida entiendo se encuentran acreditados. La verosimilitud del derecho equivale, si no a una incontestable realidad, al menos a la probabilidad de la existencia del derecho en cuestión (conf. CNCiv. Com. Fed. Sala II, causas 4442 del 7-6-86 y sus citas; 5821 del 5-4-88; 6180 del 20-9-88, 4861/96 del 11.9.96 y 7729 del 25-9-90, entre otras), pues este recaudo es materia susceptible de grados y está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculada la medida (conf. fallos citados ; v. además causas 4108 del 20-12-85; 5984 del 17-6-88; 4330 y 9334 citas. y 19.392/95 del 30-5-95).

La necesidad del planteo surge de los brevísimos plazos vigentes conforme el cronograma electoral en curso. Si no se incorpora la convocatoria a elecciones directas de los Parlamentarios del Mercosur, la Argentina quedaría sin representación legítima ante el Parlamento del Mercosur y se consagraría una doctrina mediante la cual el PEN queda habilitado para legislar en materia electoral mediante decretos.

Considero que en base al planteo documentado y lo que surge del relato los presupuestos para la admisión de una medida precautoria, se encuentran cumplidos. La jurisprudencia señala: “… la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora deben apreciarse con criterio amplio, a fin de evitar que durante el lapso de sustanciación del proceso la garantía constitucional se transforme en una prerrogativa abstracta o meramente teórica”. (Autos: E., C.A. c/ SPM SISTEMA DE PROTECCION MÉDICA s/ ART. 250  C.P.C.- Magistrados: Carlos A. Bellucci, Roberto E. Greco, Leopoldo Montes de Oca. – Sala G. – 06/04/2001 – Nro. Expte.: R.320435″).-

V. PRUEBA

Ofrezco desde ya los siguientes medios de prueba, sin perjuicio de ampliarlos conforme a la facultad otorgada por el código ritual, solicitando se ordene su oportuna producción.-

a. DOCUMENTAL:

1. Copia del Decreto 343/2019;

2. Copia de la Ley 24.560;

3. Copia de la Ley 27.120;

4. Copia de la Resolución 09/2016 del Parlamento del Mercosur;

5. Copia de la Resolución 05/2019 del Parlamento del Mercosur;

5. Copia de la “Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del Parlamento del Mercosur”.-

VI. DERECHO

Fundo el derecho de mi parte en lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus artículos 38, 75, 77 y 99, en las Leyes 24.560 y 27.120,  así como en la doctrina y jurisprudencia en la materia aplicable al caso.-

VII. RESERVA DE CASO FEDERAL

Ante el hipotético supuesto de que V.S. disponga  denegar total o parcialmente lo pretendido en este petitorio, hago expresa reserva de acudir ante las Instancias Superiores y ante la Corte Suprema de Justicia  de la Nación, a través de la vía del Recurso Extraordinario, en los términos del art. 14 de la Ley 48, como así también en los supuestos de arbitrariedad y  gravedad institucional en razón de que se encuentra en juego cuestiones federales atenientes a los Partidos Políticos, consagrados conforme el art. 38 de la Constitución Nacional como “instituciones fundamentales del sistema democrático”.

VIII. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. le solicito que:

a) Me tenga por presentado, por derecho propio, por parte en el carácter invocado y con domicilio legal constituído;

b) Tenga presente la prueba documental acompañada y la reserva de ampliarla;

c) Haga lugar a la medida cautelar solicitada;

d) Se haga lugar a la demanda de amparo interpuesta revocando la suspensión de la convocatoria a elección directa de los Parlamentarios del Mercosur;

e) Tenga presente la reserva de Caso Federal.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA.