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DECRETO

Lealtad Comercial: Un 'Pacto de Caballeros' ¿para la impunidad?

Lun, 22/04/2019 - 4:51pm
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Por Urgente24

Este lunes (22/4) el presidente Mauricio Macri modificó por decreto la Ley de Lealtad Comercial y endureció las sanciones a las empresas por incumplimientos, con multas de hasta $ 200 millones. La modificación ocurre en el marco de la puesta en vigencia del paquete de medidas económicas lanzado la semana pasada para paliar la crisis. Según la norma, las multas se aplicarán "en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse". El DNU de Macri en la práctica ‘deroga’ la ley 22.802 y establece sanciones de tipo penal, lo cual terminará siendo inconstitucional. Luego, la cámara que revisa las sanciones es el fuero Civil y Comercial de la Nación, un terreno que transita muy bien el abogado Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, uno de los ‘cerebros’ judiciales de Macri.

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El ‘Pacto de Caballeros’ del que habló Nicolás Dujovne entre el Estado y los empresarios para que no suban los precios hasta las elecciones de octubre parece configurarse más que un acuerdo de palabra en un acuerdo escrito de impunidad.

El gobierno nacional modificó este lunes (22/4) la Ley de Lealtad Comercial y endureció las sanciones a las empresas por incumplimientos, con multas por hasta $ 200 millones.

También prevé la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y la clausura de hasta 30 días.

Así quedó establecido en el decreto 274/2019 firmado por Mauricio Macri y publicado en el Boletín Oficial.

La norma aclaró que sus contenidos se aplicarán "en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse".

En el texto del decreto, el Gobierno explicó que "la regulación de la competencia desleal se caracteriza por su falta de sistematización y escaso alcance, no existiendo una norma general que unifique las conductas desleales". Y por lo tanto consideró que "deviene necesario controlar conductas en el mercado y definir una regulación integral y sistematizada de la competencia desleal".

El problema que surge del decreto presidencial es que termina legislando sobre sanciones penales que son prerrogativa del Poder Legislativo.

En la práctica garantizaría impunidad puesto que terminaría siendo inconstitucional.

El DNU deroga el anterior y es la ley aplicable que existe y lo que existe es manifiestamente contrario a la Constitución. Y todo lo que no está prohibido por una norma constitucional, está permitido.

Existe un antecedente de 2006 de un fallo sobre Lealtad comercial, por el cual se sancionó con multa a dos sociedades anónimas por haber publicitado voluntariamente la oferta de distintos productos sin indicar junto a los bienes promocionados, el país de origen de los mismos. Por entonces, el fallo en su punto 2 explicó la situación: “no puede prosperar el agravio relativo a la inconstitucionalidad de las resoluciones emanadas de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo (Res. SCDyC 7/2002 y 85/2003), sosteniéndose el agravio en que sólo el Poder Legislativo tiene la atribución de dictar normas penales, puesto que cabe recordar que la Ley de Lealtad Comercial (Ley 22802) es una ley penal en blanco y estas leyes no afectan el principio de reserva en cuanto haya siempre una ley anterior. El hecho de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de una ley ha sido reiteradamente admitido por la CSJN (FALLOS 148:430, 270:42, 280:25), quien también ha dicho que no vulnera el principio de legalidad (Art. 18, CN) la circunstancia de que por vía reglamentaria se complete la descripción del tipo legal cuando la ley lo ha autorizado expresamente - como en el caso resulta del Art. 18 de la ley 22802 -, siempre que el destinatario de la norma pueda conocer anticipadamente la conducta punible (FALLOS 311:2463 y 323:2367) (Del voto del Dr. Hornos)”.

Por leyes “sancionatorias en blanco”, se entiende a aquellas que omiten infracciones y sus sanciones, y necesitan que se complementen.

Aquí se vuelve al caso del Art. 18 de la Ley 22.802 (ahora ‘derogada’). Al respecto el Máximo Tribunal sostuvo que no vulnera el principio de legalidad establecido en el art. 18 de la CN, la circunstancia de que por vía reglamentaria se complete la descripción del tipo legal cuando la ley lo ha autorizado expresamente, como en el caso previsto en el artículo mencionado en el fallo “Disco SA (City Bell)”, autos D.1607.XL, sent. del 29/04/2005; “Cencosud SA”, Fallos 323:2367 (2000); “Viajes Meliá Argentina SRL”, Fallos 311:2464 (1988).

En otro orden, luego se dice en el decreto que se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo, pero la cámara que revisa las sanciones es el fuero Civil y Comercial de la Nación donde hay un claro predominio del señalado operador judicial macrista Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón y del Grupo Clarín, del cual el abogado es muy cercano.

El texto completo del DNU publicado este lunes (22/4) en el Boletín Oficial:

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