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DISEMINACIÓN INDISCRIMINADA DE ANTENAS

Altas, radiantes y letales

Vie, 08/03/2019 - 12:22pm
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Delicias del Nuevo Orden Mundial y la Obsolescencia Programada del Ser Humano.

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Desde finales del año precedente un grupo de vecinos del Barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, se encuentran movilizados, organizados con el fin de impedir la instalación de una antena de telefonía celular en el patio de una de las casas del sector residencial.

Mediante maniobras cuasi clandestinas, mintiendo a los vecinos respecto de lo que allí se monta, en horarios de madrugada y en feriados prolongados la obra ha ido creciendo al ritmo exacto en que demora  la intervención de inspectores municipales convocados de urgencia por el vecindario para impedir el avance del armatoste que todavía no posee la aprobación formal del órgano municipal.

El artificio legal esgrimido para intentar la instalación deviene de una curiosa y muy oportuna Ordenanza que el llamado Concejo Deliberante aprobó sin demasiada deliberación, obedeciendo a un extraño mandato con origen en el ámbito nacional desde el cual se bajó el ‘modelo’ de Ordenanza a todas las municipalidades del interior del país, redactada según las conveniencias de las empresas telefónicas del rubro y en directa colisión de interés con la Salud Pública y el bienestar ciudadano.

Tales extrañas circunstancias, directivas, sugerencias e instrucciones a medida de las empresas telefónicas, debieran de por sí resultar en suficiente motivo para formular  la hipótesis de Asociación Ilícita entre algún funcionario implicado en brindar rienda libre desde el máximo nivel nacional a las pretensiones desmesuradas de las empresas telefónicas. Bueno sería que el funcionario  brindara nuevamente, pero esta vez explicaciones ante Sede Judicial: (Nota 1; nota 2; nota 3).

La cadena de responsables de irresponsabilidades y perversa mala praxis, algunos por ignorancia, otros por vagancia y demasiados por la razón que el lector sabiamente pueda suponer, residen mayormente alejados del mundanal ruido y estrepitosa contaminación, en barrios cerrados, blindados ellos de los problemas que torturan a los simples mortales en las calles de la ciudad. 

Inmunes al desprecio social, orgullosos hasta de saberse elegidos como los menos peores.

De tal modo desde lo nacional a lo provincial a lo municipal las empresas telefónicas parecieran haber encontrado un canal adecuado de comunicación y permisos, de tal magnitud y desbordante generosidad, que a simple discreción  de ellas mismas quedan facultadas para instalar antenas hasta en los mástiles de nuestra enseña nacional en colegios y escuelas. Nada les impide realizarlo según la Ordenanza aprobada por la Municipalidad de Córdoba.

Volvamos al ‘modelo’ de Ordenanza para toda la república emanada del ENACOM, que en vuelo rasante por sobre autarquías y autonomías municipales de todo el país aterrizó en los regios despachos de intendentes y concejales siempre prestos ellos al progreso de  progresar…

Para  el caso de la Ciudad de Córdoba se buscó justificación adicional con manifiesta incursión de “Conflicto de Intereses” en la asesoría de ingenieros que bajo el membrete de la Universidad Nacional de Córdoba, poseen como modo de vida la multiplicación de antenas.  

Expertos, además, que realizan evaluaciones y mediciones objetivas pero bajo “secreto de confidencialidad”, es decir que si eventualmente encuentran irregularidades solo se entera el responsable de la irregularidad que es quién les encarga el trabajo.

Resulta indispensable en temas atinentes a Salud Pública y Medio Ambiente no teorizar ni efectuar conclusiones ni establecer generalizaciones a partir de la letra de Normas y Legislaciones que no garantizan ni representan por sí mismas parámetro alguno del status científico de un problema y que siquiera resultan estar actualizadas respecto a las investigaciones que refutan sus fundamentos. Por otra parte una cosa es realizar una medición de acuerdo a estándares y otra muy distinta teorizar sobre las virtudes de ellos como si hubieran devenido (en el mejor de los casos) de un conocimiento definitivo que no fuera epistemológicamente falseable.

No encontramos tampoco modo en que puedan compatibilizarse Misión y Fines de la Universidad (Docencia /Investigación/Extensión) con prestar un servicio rentado a un tercero con acuerdo de confidencialidad sobre materia de Salud Pública y Medio Ambiente y no efectuar, por ejemplo, tarea de Extensión a la población sobre los riesgos de la utilización indiscriminada de aparatos routers en modalidad WiFi en desmedro de la utilización de cableado las veces que ello resulte posible.  

Cualquier persona mínimamente entendida en la materia advierte la desidia y negligencia que pulula en la utilización de esa tecnología pero la Universidad no parece haberse percatado todavía. 

Tampoco ha desmentido públicamente la U.N.C prestar conformidad con la ‘inocuidad’ de la artillería radiante (nota 4; nota 5; nota 6; nota 7o convocado, al efecto,  destacadas voces multidisciplinarias para debatir asunto tan delicado.

Profusa y extensa bibliografía científica en publicaciones  con referato de prestigiosas revistas académicas especializadas, derivada de investigaciones realizadas de manera independiente y no pagas por las empresas telefónicas ni por organizaciones mundialistas ni provenientes de oscuros intereses están señalando la gravedad del problema: Nota 8; nota 9; nota 10; nota 11; nota 12; nota13.

Quedan para el subestimado interlocutor común y normal de nuestra ciudad el despliegue de estadísticas descriptivas en las cuales el caso letal particular persiste en invisible sepultado bajo el promedio de mediciones generales. En eso consiste la divulgación pública de algunos resultados.

Al momento actual existe una colosal base de datos científica específicamente sobre la problemática de las antenas de telefonía y efectos sobre la salud de los seres humanos.

Supongo debe ser muy difícil para ciertos intendentes y ciertos concejales acceder a esa información que a veces requiere previamente estar formado o reunir ciertas capacidades aunque se posea el título de Ingeniero o de Concejal o de Intendente o de Ministro o de lo que sea: Eso es lo que distingue a un Estadista de aquel que no lo es.

Cuestiones éticas, jurídicas y estrictamente científicas (no confundir con profesionales) debieran ser materia prima de toda deliberación que se realice para promulgar Ordenanzas y Leyes que poseen consecuencias y efectos directos sobre el ambiente y la calidad de vida y salud del ciudadano.

En lo específicamente jurídico, el “Principio de Precaución” (“Riesgos Ambientales Controvertidos”) ha sido lisa y llanamente ignorado, sin salvaguardar de riesgos a la población expuesta. Ello incluso con antecedentes directos en la provincia de Córdoba.

Sobran de las tres razones para derogar en tiempo presente la Ordenanza. Luego será tarde.

Los ciudadanos debemos lograr que los funcionarios firmantes se responsabilicen civil y penalmente de las decisiones que toman y de sus efectos y consecuencias sobre la vida de las personas y el medio ambiente en general. Podemos todavía resistirnos a ser objetos de obsolescencia programada.