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CONTRADICCIONES POR PRECIOS

Recordando 'aquel cabaret' de Macri/Boca

Jue, 11/04/2019 - 11:35am
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La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron con la UCR en reclamar a la Casa Rosada un acuerdo de precios con las cadenas de supermercados para atenuar la inflación en la canasta básica. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n) tomó la posta y se convirtió en promotor de la iniciativa y su colega de Producción, Dante Sica, se puso en campaña para cerrar un trato con las grandes empresas comercializadoras de alimentos que consiste en no incrementar precios por determinada cantidad de tiempo, según ratificó al término de la reunión de gabinete en la quinta de Olivos encabezada por el presidente Mauricio Macri. Pero como en la jornada previa el mandatario había ordenado sacar de la agenda que el gobierno vaya a controlar precios, en el informe al Congreso salió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a descalificar los controles de precios tildándolos de regresivos. El titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, se encogió de hombros aduciendo que no era tema de su incumbencia al no haber carga fiscal en juego. Sin querer contradijo a Peña, quien en el reporte aseguró que sí se la generaba. A todo esto terció el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para descartar cualquier acuerdo con las petroleras que permita congelar las naftas y tarifas de servicios públicos hasta después de las elecciones, como negociaban otros colegas del equipo. ¿Cómo llamaría a este equipo de lujo de gobierno el ahora comentarista deportivo Diego Latorre si le pidieran compararlo con aquel vestuario de Boca que integraba como jugador cuando Macri presidía el club xeneize? 

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Basta con darse una vuelta por los supermercados para comprobar que, en general, las góndolas vacías no corresponden únicamente a la marca de leche La Armonía de La Serenísima, incluida en el régimen de precios cuidados. 

Los huecos se suceden en almacén, limpieza y otros rubros de la canasta básica. En la práctica se trata de un racionamiento en las entregas de las distribuidoras mayoristas, muchas veces las propias fábricas, que responde a múltiples choices.

Si estos faltantes están teniendo lugar aún en el marco de un languideciente y laxo sistema de administración concertada de precios que expira el 6 de mayo próximo, ¿qué ocurriría si se acuerda con las industrias formadoras de precios congelar por 6 meses los de 40 productos de consumo esencial? 

Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), lo responde al toque: “No hay duda que habrá desabastecimiento, es lo que pasó siempre. El cliente verá productos baratísimos, pero le dirán que no hay más. Simplemente porque la industria deja de fabricar productos con los que va a pérdida, o no los entrega. Pasó hace poco con la leche “La Armonía”, era la que más se vendía pero Mastellone perdía plata”, afirmó a ámbito.com.

Pero, curiosamente, desde el propio gobierno que negocia con los proveedores hogareños de canasta básica, se descalifica esa alternativa a la que se encuentra abocado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n): "El congelamiento de precios regulados resulta fuertemente regresivo, genera una alta carga fiscal que los torna insostenibles y produce distorsiones en la oferta y la demanda de los servicios; en el largo plazo, la inflación termina siendo más alta", señala el informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, presentado ante el Congreso.

Evidentemente, siguió la orden presidencial de “sacar de la agenda que estamos haciendo controles de precios”, a pesar de la presión que ejercen los socios radicales y de la Coalición Cívica y de dejar pegados a los ministros de Producción y del Interior, Dante Sica y Frigerio, que venían trabajando en un acuerdo con las empresas.

En ese sentido, el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, se lavó las manos al ser consultado por la prensa en la cena de CIPPEC: “Si no tiene costo fiscal no tiene que ver con nosotros, sentenció, si bien Peña señalaba al día siguiente lo contrario en cuanto a que sí genera carga fiscal.

Tal vez la confusión entre los funcionarios provenga de que el plan Ahora 12, que integra el paquete anticrisis en barbecho, sí goza de subsidio estatal, ya que el Banco Central baja los encajes bancarios a las entidades que participan mientras dura.

En ‘Precios Cuidados’ se fija artificialmente un precio, pero queda librado a la cadena de valor repartir la diferencia. 

En total intervienen más de 44 cadenas de la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y contemplan un total de 566 productos minoristas y 211 mayoristas en 2.500 puntos de venta en todo el país, cuyas ofertas son complementadas por las cadenas con sus propias promociones de descuentos. 

En enero último le agregaron 200 nuevos artículos con una vigencia hasta el 6 de mayo, en que debería ser renovado, y a partir de ese límite es que se negocia un congelamiento acordado, para el cual los canales comerciales pretenden que los proveedores aseguren las entregas sin remarcar.

“El sector privado haciendo el esfuerzo solo tendrá un vuelo muy corto, porque perderá plata para producir. Fue así toda la vida”, alerta el supermercadista.

Precios cuidados y precios congelados funcionan bajo la misma lógica, en un contexto en el que no se ejercen controles administrativos de la dependencia oficial. Son voluntarios y el gobierno se limita a publicitarlos. 

Las desavenencias que se han ido haciendo públicas en el seno del gabinete a partir de las señales recibidas del propio jefe de Estado, en el sentido de que abriría la gestión a las propuestas de los socios electorales, como la UCR y CC, traen reminiscencias del cabaret que denunciaban en el vestuario de Boca Juniors cuando Macri era el presidente y que lo llevó a contratar a Carlos Bianchi como técnico, su mayor acierto deportivo y el mayor suplicio para su ego a la vez. 

Con relación al faltante de leche, Peña compró a libro cerrado el argumento del secretario de Agroindustria de la Nación, el ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere: la merma estacional en enero y febrero de la producción de leche cruda en la principal cuenca lechera del país.

Se quedó con una parte de la historia, lo cual lo llevó a asegurar que la producción se retomó a muy bien ritmo desde comienzo de abril, que mejoraron el clima y las pasturas, y que en "cuanto a la oferta" la situación está normalizada.

Tras afirmar que ahora “la provisión de leche es absolutamente normal”, durante su breve estadía en la ciudad santafesina de San Lorenzo, Etchevehere aclaró  que “provean o no provean pasa por otro lado, no por la producción”. 

No tiene en cuenta los propios datos oficiales, según los cuales en 2018 cerraron más de 700 tambos: 30% pasó a manos de establecimientos más grandes, pero el resto de las vacas lecheras fueron a parar a la faena. 

En 2018 faltaron 9.500 millones de litros de leche en comparación con los 12.150 millones producidos de 2017, lo que significó una pérdida del 22%, y que el total sea el mismo que en 1999 para alimentar a más de un 10% por encima de la población de aquel entonces.

Demanda atomizada

La industria, que arrastra una capacidad ociosa que llega al 50%, lo cual le eleva los costos fijos, sale a comprar al mercado con propuestas de pagar en dólares, a 30 centavos el litro, y una porción de las 3 centenares de plantas procesadoras prioriza las exportaciones, que en 2018 crecieron el 37% en volumen y el 29,7% en valor, frente a un consumo interno que retrocedió un 2%.

En este contexto, aumenta la actividad en negro. Tamberos de la cuenca lechera establecida en parte de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos reconocieron que empresas de primera línea están pagando hasta $17 por litro de leche frente a los $11 que en promedio se negocia a nivel país.

"Directamente vienen, carga la leche y pagan en el campo, con tal de llevársela", relató un productor a BAE Negocios, y reconoció que tuvo hasta la opción de elegir entre 3 oferentes. Hoy esta actividad ilegal ronda entre el 20% al 30% del total a nivel nacional.

Y eso que la intervención del Estado, según el funcionario del área, es para asegurar transparencia.

Miguel Boggiano, de Carta Financiera, le cuenta lo que realmente sucede: “En enero las olas de calor le generaron “estrés hídrico” a las vacas por lo cual disminuyó la producción de leche y en febrero las inundaciones en el Litoral también generaron merma. Resultado: la producción de leche febrero 2019 frente a febrero 2018 cayó -7,3 %. La producción febrero 2019 frente a enero 2019 cayó 19%. La capacidad instalada de la industria láctea está en sus niveles más bajos: 44 %”.

Esto sí podría decirse que fue sobre llovido mojado: de acuerdo al OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea), como consecuencia de las condiciones económicas de Argentina en 1999 se producían 10.329 millones de litros y 20 años después, en 2018, apenas 2% encima, poco más de lo que demanda  la leche social faltante. 

¿Y qué vino luego?: “Los grandes jugadores como Saputo y La Serenísima se llevan la poca leche que hay por lo cual las Pymes no están pudiendo producir. Eso reduce la oferta y la competencia”. 

No se trata sólo de una cuestión climática: “de 2011 a la fecha Argentina vive un proceso de ´desertificación empresarial´ pyme”, advierte. 

De acuerdo a datos del Banco Mundial, en Argentina nace una sociedad formal cada 2.326 habitantes entre 15 y 64 años, en Brasil nace una cada 300 habitantes y en Chile una cada 125. De acuerdo con los datos del Instituto del Fracaso, las empresas nacientes en América Latina y el Caribe tienen un promedio de vida de 2,9 años, explica Boggiano.

El déficit emprendedor nuestro respecto de la población económicamente activa se ve en la simple comparación con Brasil, donde es 5% inferior, Chile -10%, y también que en México, Perú y Colombia. 

Nada más que para alcanzar el nivel de Brasil, Argentina debería crear 1 millón de nuevos emprendimientos, de acuerdo a un Informe de la Fundación del Observatorio Pyme, a contramano de la concentración en el sector privado más por desidia de las políticas económicas del sector público que por virtud del propio sector privado.

Las pequeñas y medianas empresas que hoy logran sobrevivir son prisioneras de la liquidez: intentan vender en efectivo para evitar pagar los costos del sistema financiero, los plazos de cobro del mismo y tasas superiores al 70 % para financiar su capital de trabajo. 

Sostiene Boggiano que “el impuesto inflacionario hace que los microemprendedores y pymes facturen más por inflación pero vendan menos por volumen, por lo cual pagan más impuestos vendiendo menos". 

Obligados a blanquear sus ventas con controladores fiscales y factura electrónica, los microemprendedores y comercios minoristas tradicionales encuentran un sistema de presión tributaria que no le deja respiro y oxígeno para la supervivencia, indica. 

No es poco: para alimentos, como combustibles e indumentaria, los impuestos representan el 50% de sus costos.