Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

Los organismos reguladores, ENACOM Y CNDC analizan si la fusión de las dos gigantes vulnera las normas de defensa de la competencia.

A casi un año de haberse sellado el acuerdo por la venta de Telefónica a Telecom por 1.245 millones de dólares, la operación que busca transformar el mapa de la conectividad en Argentina permanece en un limbo regulatorio. Mientras el mercado aguarda una definición, el Gobierno mantiene bajo la lupa los riesgos de concentración económica, segun iProfesional.

Venta de Telefónica y mercado concentrado: La operación dejaría a Telecom con casi el 60% del mercado de telefonía móvil en el país

El rol del ENACOM y la CNDC en la operación

Desde que se concretó la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA) el pasado 24 de febrero, la gestión de Javier Milei activó los mecanismos de control a través del Enacom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). El foco está puesto en evitar la conformación de una posición dominante que afecte a los usuarios.

La transacción implicó un desembolso de 1.119 millones de dólares en efectivo, tras descontar deudas previas. Sin embargo, la magnitud del movimiento despertó alertas inmediatas. Fuentes oficiales advierten que, para aprobar la fusión, la empresa liderada por los accionistas de Cablevisión Holding y el fondo Fintech podría verse obligada a desprenderse de activos estratégicos o devolver parte del espectro radioeléctrico acumulado.

Objeciones de competidores y el futuro de Telecom

La tensión no solo es estatal; competidores como Claro y Telecentro han presentado objeciones formales, denunciando que la fusión reduciría drásticamente las opciones para los consumidores. Un informe técnico de la CNDC emitido en junio reforzó esta postura, señalando que la unión dejaría el mercado móvil prácticamente repartido entre dos grandes jugadores: Telecom, con un 58%, y Claro, con el 42%.

El conflicto también escaló al ámbito judicial. Aunque la Secretaría de Industria intentó frenar la integración en marzo, la Justicia suspendió esa medida en junio, permitiendo que el proceso administrativo avance mientras se espera un dictamen final.

Por su parte, la compañía sostiene que cuenta con argumentos sólidos para defender la legalidad de la compra y ha manifestado su disposición a asumir compromisos que garanticen la competencia. A casi un año del anuncio, el sector de las telecomunicaciones sigue operando bajo una tensa expectativa.