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EL DÍA DESPUÉS SERÁ OTRO DÍA

Una incertidumbre peor a la electoral: los congelamientos

Dom, 18/08/2019 - 11:39am
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Así como todos los caminos conducen a Roma, en Argentina tanto los recalentamientos de la economía como los enfriamientos que llevan a congelarla convergen en la misma consecuencia: la inflación. Puesta a volar a una tasa que supera el 100% atizada por un dólar que sigue volátil, la Administración Macri mandó al freezer los combustibles, la cláusula UVA en los créditos hipotecarios, como  ya lo había hecho con las tarifas de los servicios públicos y los precios de una lista de alimentos considerados esenciales, a los que también desgravó de IVA hasta fin de año. Asimismo, repartirá desde fin de mes bonos no remunerativos, AUH extras, planes de pago de AFIP, créditos blandos para Pymes, todo a cuenta del Tesoro, que venía siendo controlado por el prestamista mayor, el Fondo Monetario Internacional. Otro factor de riesgo a la vista: se nota que escondió la lupa hasta que se sepa con quién va a tratar cómo se le devolverán los US$57 mil millones del crédito stand by y qué sucederá con los pocos desembolsos aún pendientes hasta 2021. El costo fiscal de la gesta presidencial para revertir la “mala elección” de las PASO no sólo puso punto final al déficit 0, sino que agrega una incertidumbre todavía peor: qué sucederá con los congelamientos cuando las urnas sean regresadas al depósito. Más aún, cómo harán los días subsiguientes las famélicas finanzas familiares para pagar la fiesta, cuando el trabajo no es lo que sobra y lo que se cobra la inflación saquea por adelantado. Ni siquiera sus fortalezas a priori acompañaron a Macri en este tramo de su gobierno: inversión e infraestructura.

"En el mejor de los casos, el problema se pateó para el día después, cuando vengan los descongelamientos, sinceramientos, etc, que tan bien se conocen por estos lares."
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Un enorme sello que reza congelamiento aparece directamente asociado en esta transición electoral al valor de los combustibles, a las tarifas de los servicios públicos, a los precios esenciales, a las cuotas de créditos UVA, al IVA en alimentos, a la Participación Público Privada en obras de infraestructura.

Para hacerlo sencillo, a toda la actividad económica, menos el dólar, las tasas de interés y las remarcaciones que suben como si nada.

Cuánto le cuesta a un país haber quedado paralizado a la espera de un desenlace electoral excede a todo cálculo, porque a las pérdidas y lucro cesante económico se suma el sufrimiento de seres humanos, su angustia y que la estén pasando realmente mal, impotentes, atados de pies y manos, para encarar cualquier acción que los ayude a resolver sus necesidades. 

De repente, la Administración Macri, que venía aplicando un programa de ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional para equilibrar las cuentas fiscales, revolea la chancleta y realiza una suelta de subsidios que sobrecargan el mismo gasto público que celosamente venía custodiando el interlocutor del organismo en Washington, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

¿Quiere decir que es el fin del funcionario enlace con la renunciada Christine Lagarde, a tal punto que la invitaba a cenar a su casa? 

Es una anécdota a esta altura, sobre todo después que en el Fondo desensillaron hasta que aclare y ya está decidido que el Fisco se haga cargo de cubrirles a las petroleras la diferencia congelada que el DNU no les permite cobrar en los surtidores y ver de dónde salen los $10.000 millones que dejarán de recaudarse por el IVA temporariamente exento en alimentos esenciales. 

Con el respingo que acaba de dar la inflación tras el saque cambiario que no hizo más que agravar las desventuras ciudadanas que venían de arrastre, los reintegros momentáneos con que el gobierno intenta aplacar los efectos devastadores en las economías hogareñas quedarán envueltos en la maroma.

¿Transmitirán alguna sensación de alivio a quienes emitieron el mensaje en las urnas de que así “no va más”? 

En el mejor de los casos, el problema se pateó para el día después, cuando vengan los descongelamientos, sinceramientos, etc, que tan bien se conocen por estos lares. 

Huelgan los empleos

La parálisis laboral ya se encuentra instalada desde hace rato, mientras el país permanece en vilo, pendiente del pulmotor dólar-tasas, el que perdió el empleo no consigue y al que está ocupado le tambalea el piso. 

Ni siquiera las obras de infraestructura, que el gobierno aún hoy esgrime como su especialidad, se mantuvieron activas.

Desde diciembre pasado, cuando el presidente Mauricio Macri había decidido suspender la apertura de nuevos llamados a licitación debido a la suba del riesgo-país, la premisa ha sido darle continuidad a los proyectos en marcha, y dentro de éstos priorizar los más avanzados para tener cintas que cortar antes del comicio.

En abril, inclusive, la planificación y control de los proyectos de inversión pública y de los contratos de participación público-privada (PPP) que cuentan con financiación internacional fue transferida desde el Ministerio de Hacienda a la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyo titular, Marcos Peña, también quedó a cargo de la campaña electoral de Juntos para el Cambio.

A su órbita fue delegada la facultad de reorganizar el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, y así lograr que forme parte del Sistema de Información de Proveedores establecido para las compras y contrataciones, y hasta el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, desdobló su despacho a la Casa Rosada.

En tanto intentaban reactivar licitaciones PPP en stand by y buscaban por el lado de la agencia de inversiones de USA (OPIC), Portugal, China e Italia, el FMI metió el palo en la rueda y hasta se frenó un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) por u$s900 millones para el fideicomiso a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que conduce Francisco Cabrera, que financiaría la construcción y mejora de 6 corredores viales (unos u$s150 millones para cada uno). El Banco Nación también participaría y otra parte del fondo sería constituida por entidades privadas y alcanzaría las tareas preliminares.

Se bajó el Banco Itaú del préstamo que iba a formar parte del giro del BID, y el JP Morgan, el Morgan Stanley y el Citibank quedaron a la espera, lo mismo que la mano de obra de la construcción que se tendrá que incorporar.

Los funcionarios, que continúan cobrando el sueldo y capitalizando los beneficios del cargo, se resignaron a negociar con las compañías adjudicatarias de los proyectos la postergación por un año de los trabajos principales. 

Mal de muchos consuelo de tontos, Argentina no es el único país al que las inversiones en infraestructura le dieron la espalda en la región, donde la inversión  pública y  privada se ha reducido en más del 37% desde 2015.

Un informe realizado por Marsh & McLennan Insights y el Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest da cuenta en su reporte “Financiar con transparencia: Aumentar la inversión privada en infraestructura en Latinoamérica” que actualmente se destina menos del 3.2% del PBI a esos proyectos, contra el 5,2% que necesitaría para cerrar la brecha de competitividad con otras latitudes. 

La comparación es desfavorable con algunos países que están menos desarrollados, como India, Vietnam o Egipto. Y concretamente por el lado de Argentina, las métricas de calidad de infraestructura la ubican apenas por encima del promedio de la de los países emergentes, y muy por debajo de los países desarrollados.

La reticencia de los particulares se tornó notoria debido a que estuvo representado un 40% de la inversión en infraestructura en los últimos años.

Para colmo, la inversión de la región se encuentra fuertemente concentrada: el 87% de ella es desarrollada en 6 mercados: Brasil (37%), México (16%), Colombia (11%), Argentina (8%), Perú (7%) y Chile (6%).

Casos como el de Odebrecht, el lava jato brasileño y el argentino de los cuadernos desnudaron una matriz corrupta en el sistema que, junto a la desaceleración económica experimentada en la región, causaron esta desinversión.

Una encuesta, hecha por Grupo Mercer-BID entre inversionistas institucionales en infraestructura de Latinoamérica refleja que identificaron como los dos principales “quebradores de acuerdos” a los Riesgos de Gobernanza y Riesgos Políticos/de Regulación.